Cuando Sonora y Sinaloa eran un solo territorio

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Hubo una época en la que los ahora estados de Sonora y Sinaloa formaban un solo territorio y formaban parte de las provincias internas de occidente, desde antes de que estallara la guerra de Independencia en el año de 1810.

En el estado interno de Occidente la actividad política estaba en manos de los notables, quienes ejercían plenos poderes en sus territorios de influencia, pero que chocaban contra los intereses de otros en cuanto salían.

Desde que los notables empezaron a participar en la política regional, esto es, al consumarse la independencia de México en septiembre de 1821, consideraron la conveniencia de dividir el extenso territorio de la antigua Intendencia de Arizpe de modo que las provincias de Sinaloa y Sonora tuvieran gobiernos independientes.

El proyecto se hizo realidad en noviembre de 1823, cuando el primer Congreso constituyente nacional decretó la creación de dos provincias con sus respectivas diputaciones provinciales; pero la separación duró muy poco, porque en enero de 1824, por disposición del segundo Congreso constituyente en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, las provincias fueron reunificadas bajo un mismo gobierno.

Establecidos el estado interno de Occidente y su primera legislatura constitucional (1826-1828) en el mes de mayo de 1826, los diputados ya debatían sobre la división del estado y los medios para lograrla, pero la rebelión de Juan Banderas impidió la continuación del debate.

En enero de 1827 la legislatura acordó solicitar el parecer de los ayuntamientos, que en su mayor parte opinaron en favor de la separación. La segunda legislatura (1828-1830) dedicó casi todos sus esfuerzos a pelear con el gobernador Iriarte, quien era uno de los más activos partidarios de la división de Sinaloa y Sonora, razón por la cual la legislatura no apoyó el proyecto separatista; sin embargo, después de la acción militar del Palmito, declaró que no se opondría a la separación de las provincias si la mayoría de los ayuntamientos la pedía.

Cuando la tercera legislatura entró en funciones en marzo de 1830, el clamor de los ayuntamientos por la división del estado era casi unánime, por lo que los diputados pidieron al Congreso nacional que aprobara la separación de las provincias para formar los estados de Sinaloa y Sonora. Aunque éste apoyó la solicitud de los diputados locales, no podía decretar la separación porque la Constitución federal de 1824 prohibía todo cambio a la misma antes de completar seis años de vigencia, plazo que se cumpliría el 4 de octubre de 1830.

Los argumentos que adujeron los ayuntamientos y los diputados locales para justificar la división del estado interno de Occidente se reducían a uno solo: la incompatibilidad de los intereses de ambas provincias. Se decía que eran diferentes los climas, “los genios y las costumbres” de sus habitantes, los productos de la tierra y las actividades económicas; tan diferentes, que lo que beneficiaba a una provincia era perjudicial para la otra y viceversa; por tanto, se decía, no era posible que se rigieran por las mismas leyes.

Por ejemplo, en Sonora debía haber milicias numerosas y bien armadas para defender al pueblo de los indios rebeldes y de los apaches, problema que no existía en Sinaloa, por lo que resultaba injusto obligar a los sinaloenses a pagar los gastos militares de Sonora.

Quienes abogaban por la unión de ambas provincias recordaban que desde hacía un siglo (1733) se habían regido por un mismo gobierno, que sus productos eran complementarios y que lo que faltaba a una lo suplía la otra. Entonces, era conveniente que siguieran unidas.
Detrás de esta polémica se observa la lucha de los notables por sus intereses económicos.

En términos generales, la división del estado convenía a todos estos grupos porque disminuirían las tensiones de la competencia entre ellos, aumentarían las posibilidades de controlar los poderes locales y de llevar la capital a su propio territorio; sin embargo, en Álamos, el poderoso grupo de los Almada y Salido prefería mantener unidos los territorios si la capital del estado permanecía en su ciudad. En esta contienda, los notables prefirieron presionar por medio de los ayuntamientos a la legislatura para definir su posición.

La manifestación de los ayuntamientos del estado en favor de la separación fue muy clara, pues sólo optaron por la unión los de Álamos, Navojoa y Santa Cruz del Mayo, todos en la zona de influencia de los alamenses. En abril de 1830 pidieron por unanimidad la separación, hecho que podemos entender como el resultado de una negociación entre los grupos para delimitar sus esferas de poder, ya que la experiencia les había mostrado que eran incapaces de concertar sus intereses comerciales divergentes.

La tercera legislatura del estado interno de Occidente envió una iniciativa al Congreso nacional para que se aceptara su división en dos entidades. El 22 de julio de 1830 la Cámara de Diputados aprobó la ley respectiva y el 7 de septiembre lo hizo la de senadores; sin embargo, la ley no fue publicada hasta el 18 de octubre para respetar el plazo estipulado por la Constitución general de la república. La ley establecía que el estado de Sinaloa estaría formado por los distritos de San Sebastián, Culiacán y El Fuerte, y el de Sonora por los de Arizpe y Horcasitas; también señalaba el procedimiento para convocar a los respectivos congresos constituyentes y el orden que debía observarse mientras se elaboraban las constituciones de los nuevos estados.

Los notables más afectados por la división del estado eran los de Álamos porque, según la ley, la línea divisoria de ambos estados sería el Río Mayo, por ser el límite entre los distritos de El Fuerte y Horcasitas. El campo de influencia de los notables alamenses se extendía en buena parte del distrito de Horcasitas, su comercio se movía preferentemente por el puerto de Guaymas y empleaban a los yaquis como mano de obra; con semejante división quedarían privados de estas ventajas y tendrían que enfrentar al poderoso grupo de notables de Culiacán, cuya fuerza iba en aumento. Para afrontar estos problemas, pidieron al Congreso del estado interno de Occidente —como vecinos y miembros del ayuntamiento— que segregara su partido del distrito de El Fuerte y lo anexara al de Horcasitas, para que cuando se promulgara la ley de separación quedara Álamos como parte del estado de Sonora. Los diputados favorables a la petición de los alamenses lograron la mayoría en la legislatura, y el 30 de septiembre de 1830 se emitió el decreto 169 por el cual se segregaba el partido de Álamos del distrito de El Fuerte y se anexaba al de Horcasitas. Trece días después se promulgó la ley de separación y el partido de Álamos se perdió para Sinaloa y quedó integrado a Sonora.

La primera legislatura del estado de Sinaloa pidió al Congreso nacional la anulación del decreto 169 del congreso local del estado interno de Occidente, con base en que la división de los territorios era facultad del Congreso constituyente y no de una legislatura constitucional; alegaba también el empleo de medios “poco decorosos” para la aprobación del decreto. Consta en las actas del Congreso de la nación que el punto se debatió el 13 de enero de 1832 y que hubo argumentos en favor y en contra de la petición de los sinaloenses; sin embargo, la iniciativa no fue votada y el decreto 169 siguió vigente. Así se cumplió la voluntad de los poderosos Almada y Salido.

Hemos llegado a un punto importante en la historia del noroeste mexicano, cuando los notables de la región llegaron al acuerdo de deslindar sus campos de influencia. La historia del estado interno de Occidente puso en evidencia la imposibilidad de que tantos grupos conciliaran sus intereses mercantiles, por lo que optaron por delimitar dos territorios: Sonora y Sinaloa. En el primero quedaron los notables de Arizpe, de Hermosillo y de Álamos; en Sinaloa permanecieron los de Culiacán, de Cosalá y de El Rosario. Pero la división de las provincias no solucionó el conflicto, porque dentro de cada nuevo estado los notables continuaron la contienda.

Fuente: Biblioteca Digital ILCE