Recurren empresarios de BC al amparo contra Licencia Sanitaria

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TIJUANA, (Noticias del Noroeste).- Empresarios de diversos organismos de Baja California se reunieron para manifestar su inconformidad ante las modificaciones legislativas que el Congreso del Estado ha realizado en las últimas semanas.

El coordinador técnico estatal de los Consejos Coordinadores Empresariales (CCE) Carlos Ibarra Aguilar indicó que organismos en el estado como Canirac, Canaco, Canacar, entre otros, se han visto afectados con la imposición de una nueva Licencia Sanitaria.

Ante ello, el sector económico dio a conocer que los negocios están de acuerdo con realizar todas las medidas sanitarias requeridas para operar, pero el descontento radica con la nueva obligación que sólo busca recaudar más impuestos.

Ibarra Aguiar expresó que los diputados han impulsado una serie de reformas y nuevas leyes que, lejos de ayudar a la sociedad y al sostenimiento de empleos durante la contingencia, su actuar ha tenido como prioridad la generación de nuevos impuestos.

También, de reformas políticas que envuelven al estado en panoramas de incertidumbre y falta de transparencia, expuso el representante empresarial durante la conferencia a la que convocaron.

Miguel Ángel Badiola, presidente de la CANIRAC estatal, Miguel Ángel Badiola señaló que para que cada restaurante pueda operar es necesario que cumpla ya con 17 permisos previos que cada uno de ellos conlleva también una carga económica.

El empresario restaurantero agregó que éste es el sector más sobreregulado, ya que tan sólo por el cierre de negocios durante tres meses, ya se reportan 10 mil empleos perdidos en la industria restaurantera.

El abogado fiscalista de los organismos empresariales, Adolfo Solís Farías informó que más de 10 diez mil negocios de diversos rubros de todo el estado firmaron la solicitud de amparo en contra de la propuesta legislativa de la Licencia Sanitaria.

Dijo que los amparos serán presentados en dos emisiones, la primera durante los primeros días de julio y comprenderá la documentación para las personas físicas; la segunda semana de julio presentarán todo lo conducente para las personas morales.

Agregó que el sector productivo de todos los giros “se han unido en un solo sentir, la defensa de los derechos de quienes sostienen la economía de las localidades, por lo cual han decidido actuar en contra de la acción legislativa.

Los propietarios de micros, pequeñas, medianas y grandes empresas han sostenido que además de ser inconstitucional, ésta a todas luces generaría una involución social, pérdidas de empleo y contracción económica.

El presidente del CCE Mexicali, Rodrigo Llantada Ávila subrayó la sorpresa y enorme tristeza que el sector empresarial presenta derivado de la falta de interés de los legisladores por tomar acciones en beneficio de quienes hoy por hoy cargan con la responsabilidad de sacar adelante a las ciudades por medio de la prevalencia de las empresas y por ende de los empleos de los bajacalifornianos.

Habló sobre los constantes ataques a la Constitución y al Estado de Derecho que los diputados se han empeñado en propiciar, primero con su aprobación de reelección sin licencia y ahora con algo sumamente grave, la intención de reducir el próximo periodo de la gubernatura de Baja California de 6 a 3 años, cuestión que no se logra justificar ni entender el beneficio que esto traería para la sociedad, en especial en tiempos de pandemia.

Llantada Ávila, hizo un llamado especial a los diputados a que representen a la sociedad, a que cumplan con sus obligaciones, a que se deje de lado la agenda personal y particular que cada legislador podría estar cuidando.

Les instó a que defiendan aquellas propuestas que vengan de manera real a mejorar las condiciones del Estado, a cuidar la salud y a fortalecer la economía para el cuidado de los empleos.

Dijo que el empatar las elecciones de locales con la elección Presidencial desdibuja políticamente al Estado porque eso condenaría a Baja California a estar siempre sujetos a los acontecimientos federales.

Finalmente invitó a las autoridades a trabajar en unidad con la sociedad y el sector empresarial para fortalecer las medidas que abonen a la mejora de las condiciones de las familias bajacalifornianas, a instrumentar mecanismos que abonen al trabajo eficiente de las instituciones, a blindar al Sistema Estatal Anticorrupción y a trabajar en equipo privilegiando siempre el bien común.