Plantea gobierno BC iniciativa a favor de los Derechos Humanos

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ENSENADA, (Noticias del Noroeste).- El gobierno de Baja California garantizará el cumplimiento del acceso a las nuevas tecnologías y la comunicación, atención de víctimas de delitos y pensión a personas con discapacidad motriz.

El gobernador, Jaime Bonilla Valdez promovió una iniciativa al Artículo 8 de la Constitución Política del Estado que incluye un castigo ejemplar para los servidores públicos que impidan el cumplimiento de esos derechos.

Este sábado fue entregada la propuesta de reforma de ley a la XXIII Legislatura local, a través de las diputadas Miriam Cano Núñez, Montserrat Caballero Ramírez y Julia Andrea González Quiroz

La intención, dijo el mandatario en el acto, es proteger los derechos de los habitantes del Baja California, y adiciona las fracciones VIII, IX, X, XI, XII, XIIX XIV, XV, XVI, Y XVII al artículo 8º de la Constitución Política del Estado.

Acompañado del Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, el jefe del Ejecutivo dijo que esta iniciativa busca enriquecer el marco jurídico del estado, para contar con leyes que den acceso efectivo a los derechos de los bajacalifornianos.

Dijo que se busca elevar a rango constitucional diversos derechos que protegerán con mayor fuerza jurídica a los bajacalifornianos, y sancionar de manera ejemplar a las autoridades y funcionarios que, de manera perniciosa o por omisión violenten esos derechos.

“Hoy más que nunca, en medio de esta emergencia de salud que ha afectado al mundo y al estado mexicano, debemos evitar que nuestra población se vea afectada por situaciones tan básicas como el acceso al internet gratuito, que hoy es indispensable para continuar con sus estudios”, dijo Bonilla Valdez.

Lo previsto en el Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho a la Libertad de Expresión, tecnologías de la información y comunicación, se incorporó a la Constitución local, propuesto en la iniciativa.

Por otro lado, se añade la protección de las niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de un delito, así como la sanción de las acciones de autoridades y funcionarios que, también por omisión o negligencia, generen una afectación a este derecho.

El gobernador señaló que, también, se establece el derecho constitucional a una pensión dirigida a las personas con discapacidad motriz.

Esto, abundó, viene a hacer realidad la obligación que tiene el Estado de apoyar a los grupos sociales más vulnerables a efecto de permitirles solventar sus necesidades básicas.