Tijuana.- Empresarios bajacalifornianos se ponunciaron en contra de una refinanciación de la deuda del estado y anunciaron que se presentará un amparo en contra de la misma y de los proyectos de construcción de la desalinizadora y del periférico Zapata.
En conferencia conjunta, los presidentes del Consejo Coodinador Empresaial (CCE) Mexicali, Rodrigo Llantada; el presidente del CCE Ensenada, Carlos Ibarra; del CCE de Tijuana, Gabriel Camarena; del CCE de Tecate, Teresa Ruiz y el abogado y asesor del CCE, Adolfo Solís, señalaron que con la renegociación la deuda únicamente aumentaría 6 mil millones de pesos.
El también coordinador técnico estatal del organismo, Rodrigo Llantada, dijo que el gobierno del estado reconoce una deuda de largo plazo por arriba de los 12 mil millones de pesos, la cual se compone de distintos créditos entre ellos el conocido como Bono Cero.
Mencionó que de renegociar la deuda se perderían beneficios de dicho crédito y no habría ningún beneficio tangible para hacerlo.
“Si nos quedamos con la deuda vamos a pagar 26 mil millones de pesos cubriendo créditos e intereses; renegociarla con las condiciones del Decreto 335 representaría pagar 32 mil millones de pesos”, manifestó.
Refirió que el año pasado se hizo un análisis de las finanzas del estado, se convocó a reunión con el gobernador y se acordó una mesa técnica financiera para hacer un dictamen y ver cuáles acciones seguir para mejorar las finanzas.
A finales de año, agregó, se empezó a pedir información al gobierno estatal la cual fue entregada a cuenta gotas y fue hasta febrero pasado cuando se proporcionó lo solicitado.
Expresó que en marzo se buscó la aprobación del Decreto 335 en el Congreso del Estado, la cual contempla 4 puntos que son: la renegociación de la deuda a largo y corto plazo y los contratos de Asociaciones Público Privadas (APP) del segundo puente y la desalinizadora.
Por su parte, el presidente del CCE Tijuana, Gabriel Camarena, añadió que el sector empresarial desea que se desarrollen los proyectos del segundo puente y de la desalinizadora pero en otras condiciones.
Indicó que es necesario que sean licitados de manera distinta y acceder a fondos perdidos que pueden llegar hasta el 40% del valor de cada proyecto.
Los proyectos como la desalinizadora y el segundo puente deben de hacerse con transparencia y aquellos que no lo sean tienen que investigarse a fondo, declaró.
Adolfo Solís, anunció que se presentará un amparo para echar abajo este decreto que aprueba la negociación de la deuda a corto y largo plazo; el contrato de la APP del segundo piso en Tijuana y de la desalinizadora de Playas de Rosarito.
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