Tijuana.- La reforma fiscal en México involuciona hacia una dictadura fiscal más que en terrorismo, advirtió el doctor en derecho tributario Adolfo Solís Farías, señalando como plazo perentorio para defenderse contra esa embestida legislativa, el 15 de noviembre.
Lamentablemente, acotó, no se ha hecho suficiente eco, en la resistencia, para revertir esa reforma, la cual ya fue aprobada por el Senado de la República, y la votará la Cámara de Diputados el 15 de este mes de octubre, pero, aunque han tenido acercamiento con el diputado Javier Castañeda, y otros, “lamentablemente Morena y aliados tienen mayoría”.
Pese a ello, siguen firmes y con ánimo de crecer en la lucha, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, las barras y colegios de abogados, las asociaciones de doctores en derecho fiscal, y las cúpulas empresariales, a nivel nacional.
El Gobierno Federal actual, observó, quiere recaudar 6.096 billones de pesos, arrogándose súper facultades en las que, por ejemplo, a criterio del SAT, re caracterizará la base tributaria, acusará a la ligera lo que crea son irregularidades, y, la defraudación fiscal será equiparable a lavado de dinero y a crimen organizado, con 15 a 40 años de prisión.
Incluso, crean la figura del reporte, un sistema en el que todos puedan denunciarse unos a otros, muchas veces, sin bases, sin sustento jurídico; y, lo mismo que ya se hace desde este año, que cada contribuyente responderá también por las irregularidades de terceros, con los cuales haya tenido tratos comerciales.
“Ni siquiera en países del primer mundo se impone una política tributaria de esta clase, como la de la llamada 4T (Cuarta Transformación); la tendencia en el mundo es a basar la recaudación en la confianza, el estímulo y el apremio; pero aquí entramos a la persecución, a la política del miedo y la represión, ya ahora con riesgos graves de prisión o bancarrotas”, comentó el abogado fiscalista.
El asesor fiscal del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana lamentó que la reforma fiscal fue aprobada por el Senado de la República con 82 votos, el pasado 10 de septiembre; “mayoriteada, pasó como cuchillo caliente sobre mantequilla”, replicó.
“Está bien que combatan la venta de facturas, pero entonces, debieron elevar esa práctica a la categoría de delincuencia organizada, pero, casualmente, el gobierno es el principal comprador de facturas, pero criminaliza a los ciudadanos y se da súper poderes, para recaudar más”, comentó.
Adolfo Solís Farías advirtió que, esta reforma fiscal, a entrar en vigor el 1 de enero de 2020, en ese mismo año verá las consecuencias involutivas de contracción de inversiones (nacional y extranjera), mayor informalidad, y mayor corrupción; “6 de cada 10 personas en México se van a la economía informal, y a eso se sumará que los grandes empresarios diseminen sus empresas”, indicó.
El doctor en derecho tributario, Adolfo Solís expuso muchos detalles de la reforma fiscal 2020, ante medios de comunicación, y, en materia de miscelánea fiscal confirmó que, de 15.3 millones de contribuyentes en la frontera norte de nuestro país, solamente se beneficiaron del decreto fronterizo unos 200 mil, entre acreditados para el IVA y el ISR.
Aun quitando a todos los trabajadores asalariados, la población económica y fiscalmente activa en la frontera norte serían 5.69 millones de personas, que se debieron privilegiar, y solamente fueron 200 mil; “no funcionó, solamente fue un tema político, que técnico, y ni de beneficio social”, deploró.
